Madrid (awp/afp) – La deuda pública de España se redujo ligeramente en 2021, situándose en el 118,7% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, un nivel por debajo del objetivo fijado por el Gobierno, anunció este jueves la Comisión. .
La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas, medida según el criterio de Maastricht, alcanzó un total de 1428.000 millones de euros a finales de diciembre.
En términos absolutos, la deuda pública aumentó un 6,1% en un año, informó el banco central. Pero en relación con el PIB español, la deuda se redujo en 1,3 puntos porcentuales, desde el 120 % a finales de 2020 hasta el 118,7 % a finales de 2021.
Este resultado es una buena noticia para el Gobierno español, que se ha comprometido con sus socios europeos a reducir la deuda hasta el 119,5% del PIB.
Según el Banco de España, esta dinámica se explica por el buen comportamiento de las cuentas de los gobiernos locales y, en particular, de las comunidades autónomas, cuya deuda sólo aumenta un 2,9% en valor absoluto.
La deuda del Estado, por su parte, aumentó un 6,8%, mientras que la deuda de la Seguridad Social aumentó un 16,2%, debido a las medidas puestas en marcha para combatir las consecuencias sociales de la pandemia.
La deuda pública de España, una de las más altas de Europa, saltó un 10% en valor absoluto en 2020 debido a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria. Madrid se ha comprometido a reducirlo al 115,1% del PIB en 2022, gracias a la recuperación de la economía.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB de España creció un 5% el año pasado, por debajo del objetivo del Gobierno (6,5%).
Para 2022, el ejecutivo pronostica un crecimiento del 7%. Este supuesto es optimista dadas las previsiones de organismos internacionales, como el FMI, que proyecta un 5,8%.
Según el Pacto de Estabilidad, la deuda pública de los Estados miembros debería permanecer teóricamente por debajo o igual al 60 % del PIB, incluso si es posible realizar ajustes ad hoc. El déficit público no debe superar el 3% del PIB.
España lleva varios meses haciendo campaña, junto con Francia e Italia, para que se revisen estas normas, de modo que el marco presupuestario europeo tenga más en cuenta las limitaciones específicas de cada país.
Pero esta voluntad choca con las reticencias de varios Estados miembros, entre ellos Alemania, que en las últimas semanas ha advertido de las consecuencias de la falta de disciplina presupuestaria.
afp/ck
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