MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General de la Nación de Colombia tuvo que posponer la audiencia disciplinaria preliminar contra los dos ex policías Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda para este jueves, acusados de delito por fraude por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez, luego de que ambos se negaran a dar su versión de los hechos, alegando que no habían tenido acceso a expedientes disciplinarios y abogados “de confianza”.
La muerte de Ordóñez desató una ola de protestas en varios puntos del país en los días siguientes, especialmente en Bogotá, donde el trabajo policial fue nuevamente cuestionado luego de la represión ejercida durante las protestas, de las cuales decenas de personas murieron y más de 300 resultaron heridas. .
El primer enfrentamiento ante la Corte -la sesión se reanudará el 5 de octubre- contó con la presencia de los dos detenidos vía videoconferencia, quienes pasaron más de una semana en un penal del municipio de Facatativá, cerca de Bogotá, también en el departamento de Cudinamarca. .
Los dos implicados manifestaron su deseo de no ser representados por los respectivos abogados y solicitaron el aplazamiento de la sesión, solicitud que inicialmente fue denegada por la Fiscalía General de la Nación, que manifestó que “no debe permitir demoras en las maniobras”, publican. Medios colombianos.
En su presentación, la jefa de la Policía Judicial, Aura Fajardo, recordó que Rodríguez y Lloreda “se acercaron” a Ordóñez, quien “fue golpeado a puñetazos y pateado por la policía”, presentando una serie de documentos y pruebas que incriminarían directamente a ambos, especialmente imágenes de las cámaras de vigilancia de la comisaría a la que fue trasladado Ordóñez y donde continuó siendo agredido.
Fajardo continuó reconstruyendo los hechos ocurridos esa noche del 9 de septiembre, concluyendo que la actuación de Lloreda durante la intervención policial fue “un hecho reprobable” sin justificación alguna, por lo que se le imputa un delito de imprudencia y homicidio “. bajo el título provisional de fraude “, ya que habría actuado deliberadamente.
En cuanto a Rodríguez, cuya suerte fue la misma que la de su compañero, Gajardo manifestó que “excedió los límites autorizados” y que su “acción no fue estrictamente necesaria ni legítima, ya que esa persona ya estaba controlada”, lo que no le impidió ejercer sobre la víctima “ataques físicos a su humanidad”, como muestran los videos.
Por su parte, Lloreda y Rodríguez se negaron a presentar su versión de los hechos, ya que el primero no contaba con un abogado de confianza, mientras que el segundo alegó que el suyo no estuvo presente tras salir de la sesión. Por ello, la Fiscalía General decidió reanudar la audiencia el 5 de octubre.
La muerte de Ordóñez desató una ola de indignación, no solo en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que solicitaron al gobierno del presidente Iván Duque una revisión y reforma de las fuerzas policiales, que hasta ahora habían estado militarizadas y, por tanto, dependientes de la Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.
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