España oficializó este martes el uso obligatorio de la máscara en todo su territorio, incluso cuando se puede respetar una distancia de seguridad de 1,5 metros en la vía pública, una medida que no cambia mucho, salvo quizás en la playa.
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“Es importante que los ciudadanos sepan esto, no hemos llegado a una fase de relajación y de ninguna manera podemos permitirnos ser imprudentes”, dijo en el encuentro la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Desde mayo de 2020, la máscara es obligatoria, para combatir la epidemia de COVID-19, en el transporte, en espacios cerrados y, hasta ahora, en la vía pública cuando no era posible mantener una distancia segura de dos metros.
Pero esa última precisión fue eliminada en la última versión del texto de la “nueva normalidad”, como lo ha llamado España desde la primavera de 2020.
La máscara en España es obligatoria en el colegio a partir de los seis años, así como en la bicicleta.
Solo quienes practican deporte pueden quitarse la máscara, pero solo cuando las autoridades regionales lo permitan. Así, los deportistas amateurs deben en ocasiones entrenar con máscaras, de acuerdo con la normativa impuesta en su región, competente en materia de salud.
La norma, ya aplicada en España, entrará oficialmente en vigor este miércoles, tras su publicación en el boletín oficial.
España impugna la ley regional que hace obligatoria la vacunación
España se opondrá a una ley en su región de Galicia que exige que sus habitantes sean vacunados contra el COVID-19, que cree que viola las libertades fundamentales, anunció el martes una portavoz del gobierno central.
El ejecutivo “apelará la inconstitucionalidad” de una ley de esta región del noroeste de España que prevé multas de hasta 3.000 euros por negativa injustificada a la vacunación, anunció en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
En España, la vacunación no es obligatoria, como en la mayoría de países europeos, pero Galicia fue una excepción a esta obligación introducida a finales de febrero.
Para Madrid, este texto introduce “limitaciones a los derechos fundamentales” que solo pueden ser modificadas “en el marco de una ley nacional”, justificó la ministra socialista.
Este recurso presentado ante el Tribunal Constitucional dejará sin efecto el artículo de ley promulgado por el gobierno conservador de Galicia, dijo María Jesús Montero, y el tribunal tendrá tres meses para ratificar o levantar esta decisión.
“¡Qué idea de cogobernanza! Arremetió este martes en Twitter el presidente de la región, Alberto Núñez Feijóo, miembro del Partido Popular, quien lamenta una decisión tomada “sin abrir negociaciones”.
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