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En mayo, alrededor de 10.000 marroquíes se unieron al enclave español de Ceuta, gracias a la deseada laxitud de las fuerzas de seguridad marroquíes. De estos, 2-3000 eran menores. La mayoría fueron expulsados de inmediato y otros regresaron a Marruecos por iniciativa propia. Quedaban mil. Desde el viernes, el Ministerio del Interior ha repatriado a 700 de ellos, en secreto. Esto provoca fuertes reacciones entre las ONG e incluso dentro del gobierno socialista.
Con nuestro corresponsal en Madrid, François Musseau
Esta expulsión de 700 menores marroquíes no acompañados es objeto de un acalorado debate. Es cierto que esta operación de retorno forzoso se enmarca en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos, dos países que vivieron una fuerte crisis diplomática el pasado mes de mayo. Pero, por lo demás, esta expulsión provoca críticas de todos lados. Desde la oposición de derecha, desde el partido Vamos, desde la izquierda, parte de la coalición de gobierno, de algunos ministerios y también de organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de los menores inmigrantes.
Todos, así como la Defensora del Pueblo, acusan al Ministerio del Interior de no haber respetado el protocolo de repatriación habitual, de no haberlo informado públicamente y, sobre todo, de haber violado uno de los principios fundamentales de la legislación sobre repatriación. . jóvenes inmigrantes: es hora de actuar ” en el mejor interés del menor “Sin embargo, es digno de mención, la gran mayoría de estos adolescentes no querían regresar al país, donde les aguarda la pobreza y la ociosidad.
A mediados de agosto, ni el ministro del Interior ni el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, hablaron todavía de esta polémica acción.
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