La UEFA anunció este jueves la apertura de una investigación sobre el escándalo del arbitraje en España. El FC Barcelona y algunos de sus directivos ya fueron imputados el pasado 10 de marzo por los tribunales españoles por “corrupción”, “abuso de confianza” y “falsificación de registros mercantiles” en el caso de pagos sospechosos de dinero a José María Enríquez Negreira, exfuncionario de el Arbitraje español, también procesado.
Estas actuaciones, decididas por el Ministerio Público barcelonés, van dirigidas al Barça como entidad jurídica, así como a Josep Maria Bartomeu, técnico del club entre 2014 y 2020, y Sandro Rosell, presidente entre 2010 y 2014. Óscar Grau y Albert Soler, exequipo miembros del Sr. Bartomeu, también están siendo procesados.
Detenido por las autoridades fiscales sobre posibles irregularidades en el pago de impuestos por parte de una empresa de Enríquez Negreira, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en la primavera de 2022 para verificar el móvil y el marco de estos pagos de dinero.
Las penas van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión.
Según el escrito de acusación, el club catalán pagó un total de más de 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira, exárbitro y exvicepresidente de la comisión técnica de arbitraje de la Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018. Pagos, realizados a través de la empresa Dasnil 95 del Sr. Negreira, comenzó en 2001 y terminó en 2018, cuando perdió el puesto de número 2 en el arbitraje español y se reestructuró la comisión técnica de arbitraje.
Según el FC Barcelona, que niega haber actuado mal, Dasnil 95 fue pagado para asesorar al club en materia arbitral. Pero la justicia española cree que las sumas en cuestión podrían haber sido utilizadas para corromper a directores de juegos.
A nivel deportivo, el FC Barcelona no arriesga nada en España: los monos, que tienen más de cinco años, se dan por prescritos, según el presidente de LaLiga, Javier Tebas. En el ámbito penal, los cabecillas conllevan penas de riesgo de seis meses a cuatro años de prisión.
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