Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo histórico en el último capítulo del pacto migratorio después de años de negociaciones. El reglamento de gestión de crisis e instrumentalización de la inmigración ha sido aprobado, lo que restringe aún más la entrada en la UE y las solicitudes de asilo.
Este acuerdo fue posible gracias a un pacto entre Alemania e Italia, quienes lograron superar las diferencias y alcanzar un consenso en esta nueva norma. Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es la inclusión de instrumentos para que los países de primera línea de llegadas migratorias reciban ayuda urgente de los demás socios.
España, actuando como mediador, se mostró optimista sobre el cierre de este acuerdo, que busca encontrar una solución más equitativa y eficiente para gestionar los flujos migratorios en la UE. Sin embargo, no todos los países han respaldado esta nueva norma. Polonia y Hungría votaron en contra del reglamento, mientras que Austria, Eslovaquia y República Checa se abstuvieron.
Este nuevo reglamento busca restringir la aceptación de solicitudes de asilo y ampliar los tiempos de procesamiento. Además, introduce el concepto de “instrumentalización” de la migración en situaciones en las que un país sea objeto de intentos de desestabilización.
A pesar de este acuerdo, las ONG de derechos humanos y especializadas en inmigración han expresado su preocupación por la vulneración de los derechos de los migrantes y las dificultades que supone para las operaciones de salvamento. Sin embargo, el pacto migratorio cierra el endurecimiento de los sistemas de recepción y asilo diseñados tras la crisis migratoria de 2015 y se basa en la solidaridad flexible y obligatoria entre los países miembros de la UE.
Aunque este acuerdo supone un avance significativo, el paquete migratorio aún puede cambiar en la próxima fase de negociación entre el Consejo de la UE, el Parlamento y la Comisión Europea. El asunto migratorio seguirá generando tensiones, ya que los acuerdos de cooperación con países como Túnez podrían modificar la situación y las entradas en la UE continúan.
En este sentido, Bruselas trabaja para rebajar la tensión y espera contar con un sistema aprobado antes de 2024 para enfrentar la inmigración irregular. El objetivo es establecer medidas eficaces y justas que permitan una gestión adecuada de los flujos migratorios en la UE.
