Las revelaciones del software espía Pegasus revelan una “crisis global de derechos humanos” para la ONG Amnistía Internacional, que el sábado pidió una moratoria en la venta y uso de tecnología de vigilancia antes de que se implemente un marco regulatorio.
La ONG advierte en un comunicado sobre “los efectos devastadores sobre los derechos humanos en todo el mundo de un sector de cibervigilancia no regulado”.
Las revelaciones del proyecto Pegasus “muestran claramente los peligros y daños a los que las personas atacan ilegalmente”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, citada en esta declaración.
La empresa israelí NSO, que diseñó el software, “es una empresa entre muchas. Es un sector peligroso que durante mucho tiempo ha operado al margen de la ley”, dijo Amnistía.
“Es absolutamente urgente que se refuerce la regulación del sector de la cibervigilancia (…) y el control de este sector tan opaco”, estima la ONG.
Amnistía Internacional pide que se “aplique inmediatamente una moratoria sobre la exportación, venta, transferencia y uso de tecnologías de vigilancia hasta que se implemente un marco normativo que respete los derechos humanos”.
“El hecho de que los políticos de alto nivel se hayan visto atrapados en la red de tecnologías de vigilancia finalmente alertará a los estados de todo el mundo sobre la urgente necesidad de responder regulando este sector”, escribe la ONG.
“Si los líderes mundiales son atacados de esta manera, se confirma además que los derechos de todas las personas, incluidos los de los activistas de derechos humanos, periodistas y abogados, están en peligro”, subraya Amnistía.
Presentado en un teléfono inteligente, el software Pegasus le permite recuperar mensajes, fotos, contactos y activar micrófonos de forma remota.
Forbidden Stories y Amnistía Internacional obtuvieron una lista de 50.000 números de teléfono, seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para una posible vigilancia, y la compartieron con un consorcio de 17 medios de comunicación que revelaron su existencia el domingo.
La lista de posibles objetivos incluye la cantidad de al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas de derechos humanos o 65 líderes empresariales, según el análisis del consorcio, que ya ha ubicado a muchos en Marruecos, Arabia Saudita o México.
Le Monde y Radio France, miembros del consorcio, revelaron que una línea telefónica de Emmanuel Macron estaba entre “números seleccionados por un servicio de seguridad del estado marroquí (…) por posible piratería”.
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