Algunos ya no creían eso. El sábado 4 de marzo por la mañana, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, los miembros de la conferencia intergubernamental finalmente parecían haber llegado a un acuerdo: el tratado internacional de alta mar estaba a punto de ser adoptado. “No creo que haya una solución a la vista”, había dicho horas antes la presidenta de la conferencia, Rena Lee. Demasiados capítulos quedaron abiertos para que el texto quede formalmente finalizado en esta sesión, solo puede ser definitivo tras ser traducido a seis idiomas y pasar por el escrutinio de juristas, pero en el fondo existe.
Después de años de preparación, sesiones enteras de laboriosas negociaciones debatiendo la coma más pequeña y dos fases adicionales de discusiones no planificadas, la ONU adquirió así una herramienta legal vinculante dedicada a la conservación de la biodiversidad marina, pero también a su uso sostenible. Esta feliz conclusión es oportuna, porque en diciembre de 2022, en la COP15 sobre biodiversidad en Montreal, 196 Estados se comprometieron a proteger al menos el 30% de los océanos para 2030. Este compromiso sería en vano sin alta mar, ese gigantesco espacio que se extiende más allá de las 200 millas náuticas (370 kilómetros de la costa) -es decir, casi la mitad de la superficie del globo- que hasta ahora carecía del marco para crear allí áreas marinas protegidas (AMP).
La alta mar es de hecho un tema común universal, reconocieron los abogados y diplomáticos involucrados en este largo proceso. Sin embargo, la preservación de su medio ambiente no es el único objeto del nuevo tratado. Aprovechar la “Zona”, como dicen los expertos, es su contraparte igualmente importante. Por ello, es importante poner en práctica “un orden económico internacional justo y equitativo en el que se tengan en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad”, y, en particular, las de los Estados en desarrollo.
Codiciado “material genético”
A lo largo de las discusiones, los negociadores se enfocaron en las reglas para compartir los beneficios esperados de los nuevos recursos vivos presentes en el océano, una vez que se encuentren fuera de las aguas bajo jurisdicción nacional. Esto concierne, afirma el tratado, a todos “material genético de origen vegetal, animal o microbiano” : enzimas, bacterias, virus y todas las moléculas conocidas y principalmente por descubrir que interesan a sectores como la medicina, la química, la cosmética en particular. También se trabajó en la transferencia de conocimientos y técnicas marinas a países menos desarrollados y, por último, en la necesidad de instituir estudios de impacto ambiental para apoyar determinados proyectos.
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