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Bateo Libre: Suesa aprueba la consolidación de cuentas con el voto de un socio fallecido – Alicante Plaza

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Bateo Libre: Suesa aprueba la consolidación de cuentas con el voto de un socio fallecido – Alicante Plaza

Cuatro exdirectivos de la plataforma alicantina de Expert, Suesa, comparecerán ante la juez el próximo miércoles acusados de presunta falsificación documental. Según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), se descubrió que se ocultaron pérdidas por valor de 4,4 millones de euros en las cuentas anuales anteriores a la quiebra de la compañía.

Además, el informe revela que también se falsificó el acta del acuerdo de consolidación de cuentas entre Suesa y su filial, Electro Expert Suesa, en 2010. Los exdirectivos supuestamente habrían creado una trama para generar dinero negro y ocultar operaciones comerciales entre ambas sociedades.

Curiosamente, se encontró que el acta del acuerdo incluía el voto a favor de un socio fallecido dos años antes, lo que indica una posible falsificación de documentación adicional. Los exdirectivos están siendo investigados por delitos societarios continuados, denegación del derecho a la información, falsedad en cuentas y administración desleal.

Suesa y Electro Expert se encuentran en proceso de liquidación después de haber solicitado el concurso exprés en diciembre del año pasado. Como parte de este proceso, la principal nave de Suesa en Alicante fue adquirida por el propietario de la firma de logística Moldtrans por 6,4 millones de euros.

Esta situación ha generado gran revuelo en el sector empresarial de la región, ya que pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las empresas. Se espera que la comparecencia de los exdirectivos ante la juez arroje luz sobre los detalles de esta presunta trama de falsificación documental y permita tomar las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro.

Este caso también pone en relieve la necesidad de una mayor regulación y supervisión por parte de las autoridades competentes, a fin de proteger los intereses de los inversores y evitar prácticas fraudulentas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del mercado. Sin duda, será un proceso judicial seguido con atención por la comunidad empresarial y la sociedad en general.

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