Mientras los líderes mundiales se reúnen en París para la Cumbre por un Nuevo Acuerdo Financiero Global, los investigadores latinoamericanos están haciendo un fuerte llamado a soluciones innovadoras que tengan en cuenta las realidades de los países en desarrollo. América Latina ha luchado durante mucho tiempo para abordar los desafíos de la política fiscal y la deuda pública, y han resurgido en los últimos años. La pandemia de COVID-19 ha reducido los ingresos del gobierno, aumentado el gasto público, aumentado el déficit y aumentado la deuda del gobierno.
Muchos países latinoamericanos han abordado las preocupaciones fiscales a corto plazo, pero las políticas actuales siguen siendo insuficientes frente a los profundos desafíos que plantea el cambio climático. La investigación muestra que, en el contexto del paradigma del cambio climático, las políticas fiscales actuales son insostenibles.
La necesidad de una nueva economía
El cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la economía global en el siglo XXI. Sus efectos nocivos sobre las actividades económicas, las condiciones sociales y el medio ambiente son considerables. Afecta a todos los sectores, la productividad, la salud y los patrones migratorios. El cambio climático está socavando las perspectivas a largo plazo para el crecimiento económico mundial, afectando de manera desproporcionada a los países de bajos ingresos, especialmente a aquellos con temperaturas más altas.
El acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C-2 °C, requiere una movilización sustancial de recursos y cambios transformadores en los modelos de desarrollo actuales. Requiere construir una economía global neutra en carbono entre 2050 y 2070, lo que implica una importante movilización de recursos y cambios estructurales.
La transición a una economía baja en carbono está intensificando las presiones sobre las finanzas públicas de América Latina y presenta riesgos significativos. La caída de los ingresos tributarios derivados de activos ociosos en el sector de petróleo y gas afectará a varios países de la región (como Bolivia, México o Ecuador). El impacto del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos en el PIB y la recaudación de impuestos, así como las dificultades para financiar importantes proyectos de infraestructura de bajas emisiones de carbono, demuestran los riesgos fiscales asociados con la transición climática.
Los desafíos estructurales de América Latina
A pesar de su contribución relativamente pequeña a las emisiones globales históricas, la región es excepcionalmente vulnerable a los efectos adversos de los fenómenos meteorológicos. Las poblaciones más desfavorecidas de los países latinoamericanos, que tienen una mínima responsabilidad por las emisiones, sufren de manera desproporcionada los impactos del cambio climático. Lograr una economía neutra en carbono y más inclusiva requiere transformaciones estructurales en los patrones de producción y consumo.
Durante las últimas tres décadas, América Latina ha experimentado un crecimiento económico continuo pero volátil. Este crecimiento generó muchas externalidades negativas, como la contaminación del aire local, la contaminación del suelo y el agua y la emisión de gases de efecto invernadero, que agravan el cambio climático y socavan el dinamismo económico de la región.
Al mismo tiempo, persisten la pobreza crónica, el desempleo y niveles extremos de concentración del ingreso y la riqueza. Además, el paso de los servicios públicos a los privados en transporte, salud y educación -reflejo de la creciente insatisfacción de las clases medias y más pobres también con los servicios públicos- favorece una segmentación aún mayor de la sociedad. También dificulta la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que crecen la clase media y los ingresos, también crece la demanda de bienes y servicios. En los países de América Latina, estas respuestas de ingresos son más altas y las respuestas de precios son menos elásticas que en los países desarrollados.
Prioridades de política pública
Las políticas fiscales y la gestión de la deuda pública son cruciales para apoyar las transformaciones estructurales necesarias para el desarrollo de América Latina. La reforma fiscal verde o sostenible puede reducir efectivamente las externalidades negativas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de los impuestos al carbono. Puede generar ingresos fiscales para financiar intervenciones de política y programas sociales con un alto impacto distributivo. Las políticas fiscales verdes pueden generar un doble dividendo al promover tanto la sostenibilidad ambiental como la distribución del ingreso.
Confiar únicamente en políticas de precios e impuestos para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero es insuficiente en los países de América Latina. Es imperativo un enfoque integral, que combine regulaciones, desarrollo de infraestructura y transformación de los sectores de servicios públicos y privados en línea con una economía baja en carbono. Las políticas de impuestos verdes pueden generar ingresos fiscales significativos al explotar la baja elasticidad de los precios de los bienes y servicios asociados con las emisiones de CO2.
Los países de América Latina deben adoptar un nuevo paradigma para las políticas fiscales y la gestión de la deuda, integrando plenamente las consideraciones sobre el cambio climático y el riesgo climático en las políticas fiscales y las estrategias de gestión de la deuda. Esto significa reconocer la importancia estratégica de los esfuerzos fiscales y de deuda pública concomitantes para estimular la economía y facilitar la transición hacia una economía baja en carbono. La adopción de reformas fiscales verdes es fundamental para mitigar las externalidades negativas y, al mismo tiempo, reconocer los riesgos fiscales asociados con los factores de transición físicos y climáticos. El uso de nuevos instrumentos financieros es fundamental para fortalecer la capacidad de las políticas tributarias para cumplir con los compromisos nacionales de cambio climático.
Posponer las acciones clave de mitigación hasta después de 2030 puede mantener la estabilidad fiscal a corto plazo, pero dificultará el logro de los objetivos de una economía neutra en carbono en el futuro. América Latina debe abordar los desafíos fiscales y de deuda pública de larga data a través del prisma de un paradigma de cambio climático del siglo XXI.
Reconocer el desafío del cambio climático y sus impactos en las políticas fiscales y la gestión de la deuda es el primer paso hacia soluciones innovadoras que promuevan el desarrollo sostenible. El éxito de América Latina en enfrentar este desafío no solo beneficiará a la región, sino que también contribuirá a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y crear un mundo más igualitario y resistente.
Instamos a los líderes reunidos en la Cumbre del Nuevo Acuerdo Global de Financiamiento a que integren estas realidades y contradicciones en sus deliberaciones y propongan soluciones innovadoras que tengan en cuenta las realidades de los países en desarrollo.
Autores
luis miguel galindoDoctorado en Economía, UNAM.
fernando lorenzoex Ministro de Economía de Uruguay, DEA en Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad de París IX-Dauphine y Doctor en Economía.
Coordinan la investigación de la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur/IDRC) sobre “Reestructuración de la deuda pública para la recuperación socioeconómica y la sostenibilidad en África y América Latina”.
Red Sur es una red de investigación en políticas públicas con sede en Uruguay e integrada por catorce universidades y centros de investigación en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con más de veinte años de continua y amplia colaboración con socios y centros de investigación en la región e internacionalmente.
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