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Controlado por los conservadores, el Tribunal Constitucional bloqueó una reforma legal propuesta por los gobernantes socialistas. Culminación de un impasse iniciado en 2018, esta parálisis sin precedentes debilita la democracia española.
Desde 1978 y el final de cuatro décadas de dictadura en España, el país ha atravesado tres grandes crisis institucionales que han comprometido su marco democrático. El primero, en febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero vació su revista en la Cámara de Diputados sin lograr, sin embargo, un golpe de Estado que siguiera quemando sus recuerdos. La segunda, en septiembre de 2017, cuando los separatistas catalanes votaron en el Parlament de Barcelona leyes inconstitucionales para preparar una independencia que duraría apenas unos minutos al mes siguiente, epílogo de un referéndum ilegal y castigado por el Madrid.
La tercera sería ahora, cuando un tribunal superior impida que una ley sea votada en las Cortes, alegando que dicha ley pretende modificar las normas que rigen en ese mismo tribunal. Para el catedrático de derecho constitucional Javier García Fernández, “Vivimos un momento excepcional donde ya no se respeta el equilibrio y la separación de poderes, y donde la soberanía popular es pisoteada por un poder judicial que quiere ser hegemónico”.
¿Excesivo? En los últimos días se han multiplicado los comentarios y muchos creen que existen grandes amenazas para la democracia española, en un escenario de trincheras entre la izquierda gobernante y la oposición de derecha, que ostenta el control del Magis.
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