El 6 de abril de 2011, se descubrieron varias fosas subterráneas que contenían los restos de 43 personas en San Fernando, en el noreste de México. En los días siguientes, la investigación encontró una constelación de fosas comunes. El número de muertos es terrible: 47 tumbas y 193 víctimas, en su mayoría migrantes de Centroamérica. Fueron ejecutados y algunos de los cuerpos presentan señales de tortura.
En 2010, la masacre de 72 migrantes en San Fernando llamó la atención de todo el mundo hacia este rincón del estado de Tamaulipas, bajo el yugo de Los Zetas. Este cartel, conocido por sus prácticas crueles, parecía intocable en San Fernando: podría perpetrar una de las peores atrocidades de la historia de México y, unos meses después, seguir cavando zanjas en el mismo lugar para deshacerse de sus nuevas víctimas. …
Camioneta abandonada
Diez años después, en una tierra de 3.000 tumbas y 85.000 desaparecidos, los migrantes de San Fernando están junto al resto de víctimas de la impunidad. La fiscalía federal mexicana nunca quiso hacerse cargo de las investigaciones. No ha habido una sola condena por estos delitos, aunque varios miembros de los Zetas y policías municipales han sido detenidos.
La matanza de migrantes nunca ha terminado. En 2012, los cadáveres desmembrados de 49 personas, incluidos varios migrantes hondureños, fueron desalojados junto a una carretera en Cadereyta, en el noreste del país. En enero, la masacre en Camargo, Tamaulipas, de 19 personas, en su mayoría guatemaltecos cuyos cuerpos carbonizados fueron encontrados en una camioneta abandonada en el desierto, entierra la ingenua idea de que estos crímenes pertenecen al pasado.
“Considerados casos aislados”
“Estos casos no son tratados por las autoridades como grandes fenómenos delictivos, sino como casos aislados, que no tendrían conexión entre ellos”, destaca Fabienne Cabaret, abogada de la Fundación por la Justicia, que representa a las familias de los migrantes víctimas de masacres en México. Recientemente, la ministra del Interior de México, Olga Sánchez, dijo que Camargo no había “nada que ver” con San Fernando, como si no fuera el mismo contexto.
El tráfico ilícito de migrantes que viajan en grandes grupos es una fuente importante de financiación para los cárteles. “Usan los cuerpos de los migrantes para demostrar que controlan ciertos territorios, explica Fabienne Cabaret. Son personas en situación irregular, que no existen a ojos de las autoridades mexicanas y su identificación es complicada ”.
Además, la identificación de los cuerpos se hizo con indolencia. Glenda Pineda, una guatemalteca cuyo padre, hermano, hermana y otros cuatro familiares fueron asesinados en San Fernando, recuerda: “México quería deshacerse del escándalo lo antes posible. No hubo prueba de ADN y cometieron muchos errores. Cuando los restos fueron repatriados, queríamos pruebas de que eran nuestros seres queridos. Me mostraron la foto de una bolsa con algunos restos podridos y dijeron ‘¡este es tu padre!’ “
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