Muy criticado por su defensa del derecho al aborto, considerada tímida, el presidente estadounidense, Joe Biden, tomará el viernes 8 de julio una serie de medidas reglamentarias para, entre otras cosas, combatir la “vigilancia digital” que las mujeres pueden ser víctimas.
según uno comunicado de la Casa Blanca, Biden firmará durante la jornada un decreto que incluye una serie de iniciativas, aunque de alcance limitado y muchas veces poco vinculantes, para responder a la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Este puso fin, el 24 de junio, al derecho constitucional al aborto y siete estados conservadores ya prohibieron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVG). Muchos más deben seguir.
El día de la decisión, el Sr. Biden criticó un “trágico error” y anunció dos conjuntos de medidas regulatorias, sobre el acceso a las pastillas abortivas y sobre el derecho de las mujeres a viajar a otros estados si desean abortar.
“Lucha contra la vigilancia digital”
Desde entonces, el presidente ha guardado más o menos silencio sobre el asunto, recibiendo críticas cada vez más virulentas de su propio campo, el Partido Demócrata, que quisiera una acción más espectacular o, en su defecto, una comunicación más agresiva.
Intentará responderlas el viernes durante un discurso a mediodía para explicar sus nuevas iniciativas, empezando por la promesa de “proteger la información confidencial de salud” es de “Lucha contra la vigilancia digital”según el comunicado del ejecutivo estadounidense.
Peligros de los datos en línea
Muchos activistas advierten sobre los peligros de los datos en línea, como la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual, que pueden explotarse para enjuiciar a las mujeres que han tenido abortos.
El texto que firmará Biden también promete, pero sin dar detalles prácticos, proteger las clínicas móviles que practican el aborto en las fronteras exteriores de los estados que lo han prohibido. La Casa Blanca también quiere garantizar el acceso a la anticoncepción, en particular a la píldora del día después, y DIU.
El ejecutivo estadounidense también tiene la intención de organizar una red de abogados voluntarios para garantizar que las mujeres estadounidenses puedan viajar dentro de los Estados Unidos si deciden abortar, y eso sin ser molestadas por la justicia si residen en un estado que prohíbe el aborto.
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