Es sin duda la decisión más difícil que ha tomado Pedro Sánchez desde que asumió el poder en España en 2018. La más valiente y la más necesaria también.
En un clima político extremadamente tenso, marcado por un debate público repugnante, por un lado, la derecha y la extrema derecha claman por “Traición” y decididos a entablar una demanda, por otro lado, los separatistas catalanes criticaron un “Ley de propaganda” y exigente “Amnistía y autodeterminación” –, el jefe socialista del gobierno español mantuvo el rumbo que se proponía para zanjar la disputa con la región rebelde.
El martes 22 de junio indultó a los nueve líderes de la independencia catalana, condenados en 2019 a sentencias que van de nueve a trece años de prisión por “Sedición” y “Malversación”.
Detenido por más de tres años, tras el referéndum inconstitucional de 1Es Octubre de 2017 y el breve intento de secesión que siguió, deberían recuperar la libertad ya que la medida, firmada por el rey Felipe VI, publicada en Boletín oficial, probablemente a partir de este miércoles 23 de junio.
Pedro Sánchez defendió una decisión de “utilidad pública”, justificada por la “necesidad de restablecer la convivencia y la armonía” entre los catalanes y con el resto de España
En un breve discurso en el Palacio da Moncloa de Madrid, Sánchez defendió una decisión de” utilidad publica “, justificado por “Necesidad de restaurar la convivencia y la armonía” entre los catalanes y con el resto de España. “Los indultos afectan directamente a nueve personas, pero el gobierno español está pensando sobre todo en los cientos de miles de catalanes que se sienten solidarios con su destino y en muchos otros que piensan que han sido suficientemente castigados”., enfatizó.
Ante tanta crítica -según una encuesta de Ipsos del 16 de junio, el 53% de la población española se opone a la medida, que también recibió una opinión sumamente desfavorable del Tribunal Supremo debido, en particular, a la falta de arrepentimiento de los condenados – El señor Sánchez recordó que el perdón es “Parcial”. Solo afecta las penas de privación de libertad, mientras se mantienen las penas de inelegibilidad. Además, puede cancelarse en caso de delitos graves cometidos por separatistas durante los próximos tres a seis años.
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