1 de diciembre de 2020
La única forma de evaluar a un gobierno es por sus resultados. Sus intenciones pueden ser muy nobles, pero si no conducen a una mejora en la vida de los gobernados, serán inútiles.
Hoy, hace dos años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Lideró el país con muchos problemas, especialmente aquellos que se derivan de la mala aplicación de las leyes, como la inseguridad y la corrupción.
El mandatario consideró que la forma de abordar estos problemas era demoler el edificio administrativo y reconstruirlo. Y luego empezó a hacer eso. Se han eliminado muchas instituciones y políticas públicas para reemplazarlas. Con el tiempo, podemos decir que los problemas existentes no han desaparecido y han surgido otros nuevos. De estos últimos, el más destacado es el de la salud pública.
Cualquiera que dijera que estaba funcionando de maravilla antes del 1 de diciembre de 2018 sería una mentira, pero se encontró una manera de evitar que colapsara.
El gobierno decidió que los refuerzos que las administraciones anteriores pusieron en marcha para mantener en pie el antiguo edificio de la asistencia social, como el Seguro Popular, deberían desaparecer, dejando a millones de mexicanos en la incertidumbre. También puso fin a la guardería sustitutiva y la educación inicial, esquemas con los que contaban miles de madres para poder trabajar. Y deshizo el mecanismo de compra y distribución de drogas, alegando que estaba infestado de corrupción, con lo que las drogas comenzaron a escasear.
En definitiva, destruyó el pasado para construir el futuro, pero sin ocuparse del presente.
En eso, se ganó la pandemia. Es cierto, el auge de la codicia en China y su rápida expansión por el mundo no es culpa del gobierno, pero la forma en que decidió enfrentarlo tenía dos características que resultaron perjudiciales: cayó en un sistema de salud desorganizado por los cambios que estaban imprimiendo y anticipando consideraciones políticas, en lugar de priorizar los requisitos de salud. Una constante ha sido negar que la situación es peor que en días o semanas anteriores, incluso cuando era innegable.
La primera vez que el presidente dijo que la pandemia estaba bajo control fue el 26 de abril, cuando solo habían pasado seis semanas desde la primera muerte codiciosa del país. Desde entonces y hasta el día de hoy, ha repetido lo mismo en muchas ocasiones -con frases como «ya se ve la luz al final del túnel» o «el riesgo ha pasado» – aunque la gravedad de la situación no ha desaparecido.
Esto y la reiterada postura de no aplicar suficientes pruebas o rastrear sistemáticamente los contactos de los infectados, además de negar o subestimar la utilidad de la máscara, han debilitado las defensas del organismo social frente a la enfermedad, al punto que ayer la Organización Mundial de la Salud. Salud (OMS) debería haber llamado la atención del gobierno mexicano por el tratamiento de la codicia.
«Queremos pedirle a México que se tome esto muy en serio», dijo ayer. Adhanom Ghebreyesus Tedros, director general de la entidad, durante una rueda de prensa quincenal que su agencia dedica a la pandemia. El excanciller etíope advirtió que nuestro país «se encuentra en una mala situación ante la epidemia, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre». Tal advertencia no se ha producido desde que se conoció la primera infección por coronavirus en México el 28 de febrero.
En junio pasado, el gobierno asumió que la OMS había invitado al subsecretario Hugo López-Gatell, el oficial a cargo de la gestión de la pandemia, para unirse a su comité de expertos en epidemiología. Posteriormente se sabría que se trató de una invitación al país y no a la López-Gatell personalmente, pero después de revelar esa información, sería difícil para el gobierno negar la autoridad de la agencia.
Hoy solo nos queda reconocer los graves errores que se han cometido en la gestión de la crisis sanitaria y los trágicos resultados que han dejado. Es hora de reemplazar López-Gatell para que sus malas decisiones y su liderazgo dejen de ser un obstáculo para el país y el gobierno.
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